Mario A. R. Midón (*)

Algo más sobre autonomia y la tentativa de  allanar la de la UNNE 

Desde 1994 en que se reformara la Constitución Nacional, nuestro sistema organizacional admite la coexistencia de cuatro instituciones con calidad de autónomas.

Ellas son: a) las Provincias argentinas; b) las Municipalidades; c) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y; d) las Universidades.

No es casual que por mandato de la ley mayor de la nación se reconozcan tales atributos a las entidades de mención. Hurgando en razones que la sustentan puede apreciarse que la autodeterminación reconocida se justifica, respecto de las provincias, porque fueron anteriores a la nación misma y decidieron la formación del estado argentino; acerca de los municipios, porque constituyen el embrión más primario de la escala política; en relación a la ciudad de Buenos  Aires, porque era inexplicable que el mayor agrupamiento territorial  de la república en términos de densidad poblacional y riqueza no  contara con esa potestad y; en lo concerniente a las universidades,  porque al ratificarse el status de que gozan desde el siglo XIX, se  tuvo presente que ellas constituyen el soporte de la ciencia y  tecnología a partir de las cuales se dispara el progreso de las naciones desarrolladas.

 Por eso, en la semántica política se reconoce –entre otras cosas, sin  discusión alguna- que cualquiera de estas cuatro entidades tiene, amén  de la facultad de dictar sus leyes máximas, elegir autoridades sin  intervención de otros estamentos que no sean los propios, disponer de  su presupuesto, establecer las políticas que juzguen apropiadas para  su funcionamiento y ligado a todo ello, también el derecho a la  integridad de su patrimonio.

Para entender el sentido de esa incolumnidad, menester es recordar que  dicho concepto está indisolublemente ligado al de indestructibilidad  de los entes autonómicos, toda vez que si el razonamiento fuera  inverso se podría carcomer en forma fragmentada porciones de un órgano  autónomo, para así producir -de manera lenta pero efectiva- el  vaciamiento y, finalmente, la extinción de la entidad previamente atomizada.

Naturalmente que en la faz práctica hay diferentes maneras de ejercer  la autonomía. No es lo mismo, en su manifestación usual, la autonomía  de una provincia que la autonomía de un municipio, organismo este  último para quien esa calidad se torna más acotada por ser parte de un  ente superior como lo es una provincia.

Mas lo cierto es que, cualquiera sea el grado en que se materialice la  existencia de autonomía, una cosa es incontrovertible: ningún ente  autónomo puede ser privado sin  consentimiento de todo o una parte de  su patrimonio.

Supongamos, por ejemplo, que el Congreso de la Nación obrando en forma  extraviada dispusiera, sin la aquiescencia de la provincia del Chaco,  quitarle a ella el departamento de General San Martín para erigir allí  una nueva provincia argentina.

Ex profeso ejemplifico con la vecina provincia, porque el autor de la  iniciativa que aspira mutilar la Universidad Nacional del Nordeste es  senador por ese estado de nuestra federación.

En presencia del hipotético desatino congresional al que recurro al  solo fin esclarecedor, imagino como habría de reaccionar  –legítimamente por cierto- la ciudadanía del Chaco, incluyendo en esa resistencia al  mismísimo integrante de la cámara alta que actualmente auspicia el  desmembramiento de la UNNE.

Pues bien, trazando analogías, esa es hoy nuestra posición.

Es que quienes por razones laborales y afectivas somos partes de la  UNNE estamos defendiendo la legalidad y legitimidad del reclamo que  hiciera sentir su Consejo Superior, cuando se opuso al  inconstitucional proyecto de un integrante del Senado que auspicia  crear la universidad del Chaco Austral disponiendo –generosa y  unilateralmente por su sola voluntad- de la Facultad de Agroindustrias  y la onceava parte del presupuesto de nuestra casa.

Una lección nos queda. Esta prodigalidad, rayana con la “filantropía  regional”, es fácil de ser promovida en grado de sublime altruismo, solo cuando se quiere disponer de cosas ajenas.

Aún cuando estamos absolutamente convencidos de la autenticidad de las  razones que predicamos, por ser académico el ámbito donde se debaten  las verdades de la ciencia, el autor de estas líneas y -seguramente  todos los profesores de Derecho Constitucional de la UNNE-, invitamos  a quienes nos crean equivocados a discutir públicamente si el proyecto  hoy existente en el Senado de la Nación, concebido como está, afectará o no la autonomía de la UNNE en caso de sancionarse.

 * Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho  Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste